La vía rápida nos va a poner en la vía equivocada

Lourdes Luján se levanta todas las mañanas a un olor fétido que viene del Río Alamar el cual se encuentra junto a su casa en la Colonia Chilpancingo, en Tijuana. El río contiene aguas negras y desechos industriales, una consequencia de las maquiladoras que están operando en el Parque Industrial de la Mesa de Otay, a unos cientos metros de su casa.

Durante los meses de verano, el olor es insoportable. Luján se preocupa por el bienestar y la salud de sus hijos y de otros que viven y juegan junto al río.

Los contaminantes tóxicos que plagan a Luján y a otros residentes de la Colonia Chilpancingo, son los legados de las empresas estadounidenses y extranjeras que están operando en México bajo la auspicia del Tratado de Libre Comercio (TLC). Aun cuando la evidencia es muy clara de que el TLC ha fallado en proteger al medio ambiente, el presidente Bush lo esta promoviendo como un modelo para el Acuerdo de Libre Comercio en las Américas (ALCA), el cual expanderá el TLC de 3 a 34 países y cubrira casi todo Norte, Centro y Sudamérica.

Metales y Derivados, una fundidora de plomo abandonada en Tijuana, muestra el fracaso del TLC aquí en la frontera de Tijuana y San Diego. La maquiladora estadounidense recicló baterías de carros por doce años antes de que las autoridades mexicanas la clausuraran en marzo, de 1994 debido a violaciones a las leyes Mexicanas del medio ambiente. Aun permanecen expuestas a la intemperie aproximadamente 6,000 toneladas métricas de plomo y de otras substancias tóxicas en este sitio abandonado. Este sitio se encuentra a 600 metros de la Colonia Chilpancingo, hogar de más de 10,000 personas.

Los legisladores elogiaron al TLC como el primer acuerdo que liga el libre comercio con temas ambientales. Sus promesas verdes estaban en los acuerdos laterales de medio ambiente y prometieron altos niveles de protección ambiental y participación pública. Este acuerdo creó la Comisión para Cooperación Ambiental (CCA), una institución tri nacional compuesta por los ministros del medio ambiente de Canadá, Estados Unidos, y de México, y cuyo objetivo principal era el de "promover el cumplimiento total de leyes ambientales". Pero hoy día la evidencia es muy clara de que la CCA ha fallado en lograr este cometido básico.

En octubre 1998, la Coalición de Salud Ambiental y grupos de vecinos de la Colonia Chilpancingo presentaron una petición a la CCA porque México no estaba aplicando efectivamente sus leyes ambientales en el caso de Metales y Derivados. En junio 2000, la CCA declaró que la petición ameritaba la elaboración de un expediente de hechos.

Hoy, los residentes de Chilpancingo siguen esperando mientras la CCA "estudia" el caso. Aun si la CCA concluyese que México no hizo cumplir sus leyes ambientales, no puede obligarlo a solucionar el problema.

El caso de Metales no es único. Desde 1995, 30 demandas ciudadanas se han presentado ante la CCA. Únicamente a dos se les ha elaborado expedientes de hechos. La mitad de las peticiones han sido descartadas y el resto tienen "acción pendiente". Los oxidados tambos de contaminación tóxica abandonados en el sitio de Metales y Derivados han llegado a simbolizar las promesas incumplidas del TLC.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el equivalente mexicano a La Agencia de Protección Ambiental, el año pasado identificó un total de 105 sitios tóxicos abandonados en México. De éstos, 49 están en los estados de la frontera. Siete están en la zona fronteriza, a 100 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos. Seis de estos siete están clasificados como altamente tóxicos, incluyendo a Metales y Derivados

El TLC no ha logrado reconciliar las amplias diferencias económicas y de infraestructura entre México y los Estados Unidos. Ahora México, por si solo, debe de asumir con la carga de compañías extranjeras irresponsables como Metales y Derivados. New Frontier Trading Corp., dueña de Metales y Derivados, continua operando cómodamente en San Diego y funcionando con capital hecho en Tijuana a costa de la salud de los residentes y comunidades vecinas.

Una falla fundamental del TLC esta en como los legisladores negociaron el acuerdo. Se hizo tras puertas cerradas con los representantes de los departamentos de comercio Canadienses, Mexicanos, y Estadounidenses y con corporaciones multinacionales. Los intereses ambientales y laborales no fueron representados. La autoridad de negociación por la Vía Rápida facilitó el tratado.

EHC participó en un mitin y conferencia de prensa el lunes, el 21 de octubre que organizó, San Diego-Imperial Counties Labor Council dónde una coalición laboral, grupos medioambientales, trabajadores y miembros de la comunidad hicieron un llamado a la Congresista Susan Davis para que vote " no" a la legislación por la vía rápida. Muchos miembros de EHC se comunicaron con la Congresista urgiéndole que considerará los impactos negativos que la legislación de autoridad para promoción comercial por la vía rápida tendrá en los asuntos laborales y de medioambiente. Al momento que se escribió esto la Congresista permanece indecisa pero se comprometió sinceramente a evaluar la información.

Es posible que pronto se decida la suerte del HR3005. El Presidente dice que la autoridad para negociar la vía rápida va mano una mano con la lucha contra el terrorismo, pero esto es simplemente un intento oportunista para aprovechar la situación y el recién sentido real de la unidad de la nación.

Una vez más EHC llama a los miembros de la Delegación de Congresistas de San Diego para que digan "No" a la negociación por la vía rápida. En un momento en el cual nuestra nación debe enfocarse en la seguridad nacional y en la economía, la negociación por la vía rápida en vez de ayudarnos nos atrasa.