En una audiencia celebrada el 13 de diciembre de 2001 y después de más de dieciocho meses de desarrollo y debate, El Consejo de Recursos Atmoseféricos de California (ARB por sus siglas en inglés) adoptó políticas de justicia ambiental que guiarán todos sus programas. La adopción de las políticas representó un reconocimiento por parte del Consejo a que las comunidades de color y las comunidades de escasos recursos cargan con el peso de las emisiones tóxicas liberadas al aire en el Estado de California.
Más de 200 residentes de comunidades del sur de California asistieron a la audiencia, misma que terminó un poco antes de la medianoche del 13 de diciembre. Representantes de la Coalición de Salud Ambiental y de las comunidades sandieguinas de Sherman Heights y Barrio Logan estuvieron presentes para dar testimonio sobre las injusticias ambientales a las que se enfrentan diariamente en sus comunidades.

La decisión del ARB representa una gran victoria para residentes de comunidades

impactadas y para abogadores de justicia ambiental. Las nuevas políticas—son de las más completas que hansido adoptadas por una agencia estatal—son el resultado de casi dos años de reuniones entre los integrantes del ARB, residentes de las comunidades, organizaciones ambientales y de justicia ambiental, industrias y representantes de los distritos locales de control de contaminación del aire.
Las políticas se apegan a leyes adoptadas en California que definen justicia ambiental como, "El trato justo de las personas de todas las razas, culturas e ingresos con respecto a desarrollo, adopción, aplicacíon de leyes ambientales, reglamentos y políticas." Esas políticas responden a la constante y creciente preocupación de las comunidades sobre los posibles efectos nocivos a la salud por exposición a múltiples contaminantes y compuestos tóxicos. EHC y otros grupos comunitarios repetidamente han hecho un llamado por mejor protección de las emisiones de camiones diesel y autobuses y de contaminantes de fábricas, refinerías, plantas de energía y basureros subterráneos, todos estos localizados muchas veces dentro o cerca de comunidades de escasos recursos.

EHC ha trabajado localmente para mejorar los programas del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego (APCD por sus siglas en inglés) en las comunidades afectadas del condado, pero normalmente ha encontrado con resistencia por parte de los funcionarios locales y representantes de la industria. Ningún representante del APCD asistió a la reunión de diciembre.
"El problema que hemos enfrentado ha sido la estrategia de regular los tóxicos contaminante por contaminante, industria por industria," dijo Paula Forbis, co-directora de La Campaña para Barrios Libres de Tóxicos de EHC. "Por primera vez, estas políticas intentarán tratar los impactos cumulativos de fuentes múltiples."

Estilos contrastante

Durante la audiencia, los funcionarios del ARB fueron extremadamente respetuosos y considerados con el público asistente. Llevaron servicios de interpretación al español para aquellos asistentes que no hablaban inglés y permitieron que aquellos miembros de la comunidad que llevaban niños, testificaran primero.

La audiencia fue completamente opuesta a aquella audiencia del APCD del Condado de San Diego del 14 de febrero de 2001, de la que informamos en Toxinformer en su edición de abril de 2001. Durante esa audiencia presidida por el Supervisor Bill Horn, un comisario uniformado exigió que más de ocho latinas de la comunidad abandonaran la sala de juntas porque dijo que no estaban sentadas o porque ellas o sus hijos reían o hablaban. Mientras tanto, cuatro hombres blancos entre el público continuaron riéndose y hablando y otros cuatro hombres blancos permanecieron de pie en los pasillos mientras que el comisario sacaba a las mujeres y a los niños.

El comisario también sacó a una intérprete contratada por EHC para aquellas personas que no hablaban inglés y la reubicó a un cuarto cercano porque dijo Horn que pensó que durante la audiencia ella estaba hablando por un teléfono celular. Sin embargo, varios minutos antes de que sacaran a la intérprete, Forbis había hablado con la Secretaria del Condado y le había mostrado el equipo de interpretación explicándole que el auricular de la intérprete no era un teléfono celular.

El documento del ARB que incluye siete puntos, establece la estructura para mejorar la calidad del aire y la salud pública en todas las comunidades de California. Las políticas ayudarán a un acercamiento a estas metas ya al hacer consideraciones de justicia ambiental pasa a ser parte de las actividades diarias del ARB. El ARB promete mantener una perspectiva de justicia ambiental en todos sus programas al fijar prioridades y al evaluar los impactos de sus programas y reglamentos.

"Estas políticas reflejan el compromiso del ARB para mejorar la calidad del aire para todos los californianos, incluso para los residentes de comunidades minoritarias y de escasos recursos," dijo el Dr. Alan Lloyd, presidente del ARB. "Es nuestra intención, con acciones tangibles y no sólo palabras, ver que sin pensarlo dos veces, estas políticas se apliquen a cada actividad del ARB."
El documento reconoce la necesidad de incluir investigaciones sobre posibles efectos nocivos a la salud por exposiciones a una variedad de emisiones provenientes de fuentes que incluyen fábricas, plantas de energía, refinerías y pequeños comercios tales como gasolineras y tintorerías, así como de vehículos motorizados. También reconoce la necesidad de llevar a cabo más investigación sobre los efectos nocivos a la salud por exposición simultanea a una variedad de tóxicos del aire y el mejoramiento del monitoreo del aire y técnicas computacionales de modelos computarizados. El documento también señala la necesidad de acercarse más tanto a los residentes como a planificadores y funcionarios públicos electos para ayudar a prevenir futuros problemas que pueden ocurrir cuando se sitúan comunidades cerca de fuentes de contaminación.
Además de las políticas específicas y procedimientos adoptados, el Consejo también acordó:
• redirigir recursos existentes para formar un grupo de trabajo permanente de justicia ambiental dentro del ARB;
• desarrollar una guía para dar solución a problemas; para diciembre de 2002;
• desarrollar una guía de uso de la tierra; para principios de 2003;
• desarrollar una guía de impactos cumulativos; para diciembre de 2003;
• formar un grupo que trabaje exclusivamente enfocado en sobre cómo el ARB podría mejorar para incorporar prevención de contaminación; y
• rendir informes cada seis meses sobre el progreso de las actividades de justicia ambiental.

"La decisión del ARB es un muy buen primer paso positivo," dijo Forbis. "Ahora debemos enfocarnos en garantizar que se ejecuten estas políticas."

Desde 1999, el ARB ha llevado un programa de evaluación de tóxicos del aire en Barrio Logan y está desarrollando nuevas herramientas técnicas para analizar la exposición individual de personas del área. También ha enfocado el enforzamiento de las emisiones de vehículos diesel en camiones y autobuses en el área y ha realizado delicados "estudios de rastreo" para determinar las rutas a través de la región que sigue la contaminación que se lleva el viento. Estos estudios han sido la base de programas similares que se están haciendo por toda California en ciudades como Fresno, Oakland, Crockett, Wilmington y Boyle Heights. Se espera que el próximo verano se publiquen los resultados del trabajo en Barrio Logan.