Sin que les importara el clima tormentoso de San Diego del 14 de febrero pasado, la Coalición de Salud Ambiental y más de 70 residentes de Barrio Logan y comunidades vecinas, fueron a exigir que el Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de San Diego (APCD por sus siglas en inglés), solucionara muchos de los problemas documentados a raíz de una audiencia estatal reciente. Portando en su ropa corazones rosas de San Valentín con la leyenda "APCD se mío," estas personas esperaban que el Distrito dejaría de complacer a la industria y se convertiría en líder en la lucha por lograr aire limpio.

En febrero, miembros de la communidad con sus etiquetas de San Valentín con la leyenda "APCD se mío" se paran para mostrar su apoyo para la reforma de los programas del APCD durante la junta de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego.

Y aunque la Junta de Supervisores del Condado, fungiendo como Junta del Distrito, accedió a mejorar algunas áreas de su programa, no puso en práctica nueve recomendaciones claves hechas por la Junta de Recursos del Aire. Entre ellas, una que hubiera aumentado la cantidad mínima de las multas a $500 y otra que hubiera aumentado los estándares de control de emisiones para igualarlos a los estándares de otros condados del estado.

El proceso comenzó con una fricción entre los miembros de la comunidad y personal del condado cuando un comisario uniformado ordenó a los ciudadanos que se quitaran sus corazones rosas antes de entrar a la asamblea. Ni una sola persona accedió a esté descarado atento de negarles su derecho de libre expresión.

El Supervisor del Condado Bill Horn repetidamente interrumpió tanto a Paula Forbis, Co Directora de la Campaña de Barrios Libres de Tóxicos de EHC, como a Melanie McCutchan, Asociada de la Campaña de Tóxicos del Aire de EHC durante su presentación limitada a quince minutos. Después, Horn las criticó por la manera en que utilizaron su tiempo de presentación. Se quejó de que Forbis y McCutchan habían usado la mayor parte del tiempo permitido dejando menos de un minuto para la presentación de la Organizadora Comunitaria Francisca Jiménez de la Campaña de Barrios Libres de Tóxicos. Además, dijo entre líneas que EHC había solicitado tiempo para una presentación de tres personas sólo para que una de ellas tuviera tiempo extra para hablar ante la Junta, no para hacer una presentación de tres partes.

Jiménez, sin embargo, usó el tiempo que le quedaba para responder enérgicamente a las críticas de Horn diciéndole, "Si todos ustedes hicieran cumplir las leyes de contaminación del aire en San Diego tan estrictamente como usted está imponiendo las reglas de esta asamblea, no estaríamos en la situación en la que estamos." Esta declaración resultó en el aplauso explosivo del público y el ceño fruncido de Horn.

El comisario que anteriormente había pedido a los miembros de la comunidad que se quitaran sus corazones de San Valentín, exigió que más de ocho señoras latinas salieran de la asamblea porque, como dijo, no estaban sentadas o sus hijos estaban hablando o riéndose. El comisario dijo que simplemente estaba haciendo cumplir las pólizas del condado. Sin embargo, de acuerdo a un artículo de Marty Graham publicado el 15 de febrero en el periódico North County Times, cuatro hombres blancos residentes de Jacumba continuaron hablando, riéndose y señalando con sus índices, así como cuatro hombres de traje, también blancos, continuaron de pie en los pasillos mientras que el comisario sacaba a las mujeres y a los niños.

"Me pareció incorrecto el que me hayan sacado de una audiencia pública simplemente porque mi hijo estaba parado en el asiento junto al mío," dijo Rogelia Urcino, una de las personas que asistió a la audiencia para apoyar a EHC. "Yo no me merezco el trato que recibí. Esta no es la primera vez que yo asisto a una audiencia pública, pero sí es la primera vez que me sucede algo así."

Ana María Estrada también se sintió ofendida por la manera en que ella y otras señoras latinas fueron tratadas por el condado.

"Yo entiendo que el tener niños correteando mientras se celebra una audiencia pública puede ser difícil. Sin embargo, no me pareció justo que se mandara al resto de los miembros de la comunidad al segundo piso. No había motivo para la discriminación y la mala actitud del guardia," dijo Estrada.

EHC contrató a la Traductora Gabriela Hussong para que interpretara al español la audiencia para los miembros de la comunidad que asistieron y que no entendían inglés. A estas personas se les proporcionaron audífonos por los cuales podrían recibir la traducción del proceso en tiempo real. Hussong comenzó a interpretar la audiencia de pie cerca del frente de la sala, hablando lo más quedo posible y cubriéndose la boca con algunos papeles para no molestar a la gente a su alrededor.

El comisario forzó a Hussong a cambiarse de lugar dos veces. Primero la reubicó un piso más arriba a un balcón con paredes de cristal con vista a la sala. "El sonido en el balcón proveniente de las bocinas no estaba lo suficientemente alto. Apenas si podía oír lo que se estaba diciendo en la sala," dijo Hussong. El Supervisor Horn le dijo al periódico Times que ordenó que se sacara a la traductora porque pensó que ella estaba hablando por un teléfono celular. Sin embargo, varios minutos antes de que se sacara a la traductora, Paula Forbis había hablado con la Secretaria del Condado mostrándole el equipo de interpretación y explicándole que los audífonos no eran de un teléfono celular.

Después de preguntarle al comisario si podía regresar a la sala, la Traductora fue reubicada a un cuarto del otro lado del pasillo de la sala de la audiencia, desde donde ella continuó interpretando de un monitor. En el cuarto donde estaba este monitor había gente tratando asuntos y negocios privados. "La señal de mi radio no salía de ese cuarto," dijo Hussong. "Hubo por lo menos 30 minutos durante los cuales mi señal no alcanzó a los miembros de la comunidad porque no podía pasar a través de los muros del cuarto, cosa que previno a los miembros de la comunidad de entender lo que se estaba diciendo en la junta." Después, ella se cambió al pasillo, estirando el cuello para alcanzar a ver el monitor y continuó interpretando entre la gente que circulaba por el pasillo.

"Esto fue discriminación contra la gente que no entiende inglés," ella dijo. "Esta era una audiencia pública y esta gente no tuvo el mismo derecho a entender lo que se estaba diciendo."

El Distrito hace cumplir los reglamentos estatales de contaminación del aire, expide notificaciones de infracciones e inspecciona las compañías que contaminan. Cada diez años el estado le hace una auditoría a la agencia del condado para evaluar sus programas y su desempeño. La Junta de Recursos del Aire de California le hizo una auditoría a los programas del Distrito en 1999 y en julio del 2000 publicó su informe de los hallazgos de la audiencia. Armadas con información obtenida de la audiencia estatal y con horas de investigación sobre los problemas que enfrenta San Diego en cuanto a contaminación del aire, el personal de EHC presentó ante la Junta recomendaciones para las tan necesarias mejoras a los programas del APCD. (Para detalles, vea la tabla a la derecha)

"Por mucho tiempo el APCD ha respondido a los intereses de la industria de San Diego sin considerar el efecto que esto tiene en su cumplimiento a las leyes de calidad del aire y el impacto que causa a la salud pública. El APCD ahora tiene la oportunidad de dar marcha atrás a esta tendencia y de convertirse en líder en la lucha por lograr aire limpio en esas comunidades," dijo Paula Forbis ante la Junta. Algunas personas de la comunidad también ofrecieron su testimonio ante la Junta sobre el impacto a la salud y al bienestar general que ocasionan las industrias que infraccionan las leyes de contaminación del aire.

Después del testimonio público comenzó una discusión larga y tendida entre algunos supervisores y Richard Sommerville, el oficial a cargo del control de contaminación del aire en el distrito. Al final de cuentas y aun cuando a veces parecía ser un duro interrogatorio por la Junta, unánimente aprobaron las recomendaciones iniciales de su personal.

"La Junta es muy severa con su personal, pero en realidad, es la Junta quien establece las pólizas. Ahí comienza y termina el problema de hacer cumplir la ley," dijo Forbis. "Mientras que la decisión del día de hoy da inicio al progreso, muchos de los detalles de los planes de la Junta para mejorar sus programas se están dejando a discreción del personal," dijo Forbis. "Poner en marcha estos planes requerirá de vigilancia pública constante para asegurar que la Junta mantendrá su palabra."